Hay palabras que, de tanto usarlas mal, terminan anestesiando la conciencia: “Menores”.

Y uno escucha la palabra menores y casi imagina fragilidad, desamparo, inocencia, necesidad de cuidado.

Pero a veces, detrás de esa etiqueta administrativa, lo que hay no es un niño desvalido, sino un sujeto violentísimo que amenaza, intimida, agrede y convierte en blanco a educadores, cuidadores y profesionales del ámbito social que acuden a trabajar con vocación… y salen con miedo.

En Aragón, los trabajadores del sector denuncian una escalada de agresiones, motines, falta de personal y una situación “crítica”, hasta el punto de haber convocado huelga para los días 2, 3 y 4 de marzo de 2026. Además, este 27 de febrero se ha conocido una nueva agresión a educadoras en Zaragoza en un centro de menores.

Y entonces llega la gran liturgia de nuestra época: el eufemismo, la coartada, la niebla moral.

No se puede decir nada.
No se puede nombrar el problema.
No se puede hablar de violencia sin que alguien corra a envolverla en celofán ideológico.
No se puede pedir límites sin que te llamen inhumano.
No se puede exigir consecuencias sin que te acusen de falta de sensibilidad.

Pues bien: una sociedad que no pone límites, no protege a los vulnerables; protege a los violentos.

Porque aquí hay una verdad incómoda: cuando un educador social, una trabajadora, un vigilante o un cuidador recibe golpes, amenazas o humillaciones, no estamos ante “incidentes de convivencia”. Estamos ante agresiones. Y una agresión no deja de ser grave porque quien la comete tenga menos de dieciocho años. La minoría de edad puede tener relevancia jurídica, sí; pero no puede convertirse en una lavadora moral que limpie cualquier conducta.

El problema no es proteger a la infancia.
El problema es haber confundido proteger con claudicar.

Se ha levantado un sistema donde demasiadas veces el profesional está atado, el agresor se siente impune y la institución reacciona tarde, mal y con lenguaje burocrático. Los propios trabajadores hablan de precarización, sobreocupación, falta de medios y plantillas insuficientes. Y la Fiscalía General del Estado ha advertido que la sobreocupación de recursos y la falta de personal cualificado dificultan seriamente la integración y el trabajo educativo.

Y aquí conviene hacer una precisión importante, porque pensar con rigor exige no caer en el grito fácil.

No, no todo menor tutelado es un delincuente.
No, no todo extranjero genera violencia.
Y no, el origen, por sí solo, no convierte a nadie en un problema.

Lo que sí convierte un sistema en un problema es otra cosa: la negación de la realidad, la incapacidad de discriminar perfiles, la mezcla temeraria de situaciones muy distintas en los mismos recursos, la ausencia de autoridad, la lentitud de respuesta, y la cobardía política de llamar “complejo” a lo que en muchos casos es sencillamente intolerable. La propia Fiscalía recoge el fuerte aumento de expedientes de determinación de edad y la presión extraordinaria sobre los centros de acogida; en 2024 se incoaron 8.140 expedientes de determinación de edad y seguían pendientes 3.904 al cierre del año.

Por eso el debate serio no debería ser “si hablamos o no hablamos”.
El debate serio es cómo protegemos a los trabajadores, cómo diferenciamos perfiles y cómo evitamos que el sistema premie la violencia.

Porque hay algo obsceno en todo esto: pedir heroísmo a sueldos modestos. Exigir templanza infinita a quien trabaja sin medios suficientes. Mandar mensajes de superioridad moral desde un despacho mientras otros ponen el cuerpo en turnos, noches, conflictos y agresiones. Los trabajadores del sector llevan semanas denunciando precisamente eso: miedo, abandono y falta de herramientas reales.

Y las soluciones existen. Lo que falta es voluntad.

Algunas medidas sensatas y urgentes:

1. Tolerancia cero ante las agresiones a profesionales, con denuncia sistemática, apoyo jurídico inmediato y personación institucional cuando proceda.

2. Centros y recursos diferenciados por perfil y nivel de conflictividad. No se puede mezclar desprotección, trauma, trastorno de conducta y violencia grave como si todo fuera lo mismo. La Fiscalía ya advierte de la insuficiencia de recursos específicos para menores con problemas de conducta.

3. Más personal, mejor formado y mejor pagado, con ratios realistas y convenio autonómico estable. Eso es exactamente una de las reclamaciones centrales de los trabajadores en Aragón.

4. Protocolos de seguridad reales, no decorativos: presencia suficiente de vigilancia, coordinación inmediata con Policía, evaluación de riesgo y medidas preventivas en centros especialmente tensionados.

5. Verificación ágil y garantista de edad e identidad, para que el sistema no siga funcionando con incertidumbres que lo tensionan y desgastan. La Fiscalía sitúa precisamente ahí uno de los cuellos de botella del sistema.

6. Revisión legal de la respuesta ante violencia grave en menores, algo que el propio Gobierno de Aragón ha reclamado públicamente al pedir una reforma de la Ley penal del menor.

7. Reagrupación familiar o retorno asistido cuando legalmente proceda y con garantías, pero no como consigna ideológica ni castigo identitario, sino como medida individualizada, fundada y supervisada. De hecho, en Aragón existe debate político y profesional precisamente sobre el uso de estas repatriaciones y sobre si el fallo está en el perfil o en el sistema.

8. Intervención educativa, psicológica y psiquiátrica intensiva para los perfiles de mayor desregulación, trauma o violencia. Sin eso, no hay reinserción; solo contención precaria.

Porque una civilización se mide también por esto: por cómo cuida a quien cuida.
Y ahora mismo, en demasiados lugares, estamos abandonando a los que sostienen el último dique.

Ya está bien de convertir a los profesionales sociales en escudos humanos de la hipocresía institucional.
Ya está bien de llamar “incidencias” a lo que son agresiones.
Ya está bien de disfrazar de compasión lo que muchas veces no es más que cobardía.

Compasión sí.
Ingenuidad suicida, no.

Protección sí.
Impunidad, no.

Derechos sí.
Pero también límites, consecuencias y verdad.

Porque cuando una sociedad pierde el valor de decir la verdad sobre la violencia, no se vuelve más justa.
Se vuelve más débil.

Y cuando se vuelve más débil, los primeros en pagarlo no son los tertulianos ni los burócratas.

Son los que fichan, entran al turno… y no saben si esa noche volverán a casa con miedo, con lesiones o con la amarga sensación de que nadie va a protegerles.