El Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 40, de 07 de julio de 1992, publicaba las bases fundamentales de lo que se ha dado en llamar “el Pacto del Agua“, los criterios de la Política Hidráulica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el citado documento, se establecía una estimación de las necesidades hídricas de 3.600 hm3 que, sumados a los 2.100 hm3 necesarios para implementar las obras hidráulicas que en este mismo documento se definen y describen, y a los 850 hm3 denominados como “reserva estratégica”, nos llevan al total de los ya archiconocidos, y defendidos por unos y vapuleados por otros, 6.550 hm3 de los que se habla en la reforma del Estatuto aragonés.
Si uno estudia con detenimiento el Pacto, es decir, sus cifras, llegará a la inevitable conclusión de que todo lo que en él se manifiesta obedece a la realidad más ineludible de nuestra Comunidad. Los números que en él se barajan no son elucubraciones emanadas de un lobby aragonés de cerebros egoístas e insolidarios, sino todo lo contrario. Los 6.550 hm3 del Pacto constituyen un derecho inalienable que, además, es justo y equitativo: no pide ni más ni menos que aquello que las previsiones auguran será preciso para el adecuado desarrollo de nuestra tierra, sin comprometer su futuro ni el de las demás comunidades.
Esto es lo que nos recuerda en cierta medida el hoy tan cacareado bivocablo “desarrollo sostenible”, algo en lo que ya creían nuestros gestores allá por el año 92, y que pretendían llevar a la práctica si, tanto el unicejo centralismo gubernamental como los deplorables nacionalismos y regionalismos insolidarios de turno, no lo hubieran impedido.
Desde aquella fecha rota, de sueños y deseos, más de catorce años han pasado. Miles de aragoneses que creyeron hallar por fin el abracadabra supremo que aliviaría para siempre la sed de este terruño (sed no sólo del líquido elemento, sino también la metafórica de todo aquello que su mágico toque húmedo conlleva: desarrollo, industria, agricultura, pueblos, sociedad…), vieron cómo los años transcurrían sin que embalses, canales o abastecimientos fueran algo más que papel seco. Mucha culpa la tuvieron los propios aragoneses, enronados en la idea de que los embalses son un ir contra natura, cuando este desértico Aragón (pero “país de ríos” en el fondo)lo que precisaba con urgencia era una adecuada regulación.
No se puede gestionar el agua desde la sequía, sino desde la abundancia; igual que de agua no puede opinar quien quiere, llevado por el sentimiento, sino quien sabe (estas sentencias que aprendí de Alfredo Cajal, Director del Instituto Aragonés del Agua, creo que son lo suficientemente sabias, concisas y concluyentes como para no precisar de explicación añadida alguna).
Con la inclusión de nuestro Pacto del Agua en el Plan de Cuenca correspondiente, y sus sucesivas aprobación, queda cerrado el trámite que le da una garantía superior de legalidad, por lo que no era estrictamente necesaria su inclusión en el proyecto de reforma del Estatuto, aunque así lo han querido nuestros regidores, creo yo que en un alarde de pretensión de darle una mayor seguridad jurídico-legal (aunque era obvio que ese acto iba a despertar los recelos de las otras partes, y acabaría imposibilitando su inclusión, como creo ocurrirá)
Hoy, sabemos que aquellas previsiones pueden haberse quedado cortas. Son muchos los años transcurridos, y la evolución de las consideraciones ambientales y demográficas nos llevan a revisar algunos presupuestos del citado Pacto.
Es más, nuestro pensamiento y formas de organización económico territoriales deben avanzar y abandonar la idea de un Aragón agrario, por más que pese a una gran parte de nuestra población, aún anclada en la rémora de una ilógica dependencia del sector primario.
Siendo justos y objetivos debemos afirmar que la la inversión de un sólo litro de agua en agricultura, y más en el campo de la hortifruticultura, resulta con creces más rentable en el Levante español, o sea, en tierras valencianas y murcianas, que en las aragonesas. Siendo el principal consumidor de agua, cerca del 70-80 % del escaso recurso se emplea (y muchas veces se malgasta y derrocha) en unos campos que no son adecuadamente productivos por cuestiones tanto edáficas como climatológicas, si los comparamos con las fértiles huertas valenciano-murcianas (y no hablemos de la rentabilidad turística del agua en dichas comunidades…) debemos reclamar el agua que “pasa” por Aragón, mucha de la cual se genera íntegramente en nuestros glaciares pirenaicos, para un desarrollo de nuestros pueblos que no se base en el tradicional agrícola, y menos en el del regadío. Debemos buscar otros nichos inexplotados en nuestra Comunidad (uno de los cuales, aun perteneciendo al agrario puede ser el de la plantación de especies vegetales con vistas a la producción de biocombustibles), pero otros deben seguir derroteros muy distintos, que abarquen sectores industriales y logísticos, turísticos, etc.
Sé que la cuestión de la reforma agraria es un asunto duro de asimilar en Aragón, pero aferrándonos al inmovilismo no hacemos sino dar motivos justificados a otros para que reclamen un agua que debemos explotar nosotros con cabeza, y no con un corazón enterrado bajo toneladas de tormos de tierra reseca. Los partidos nacionales retoman una y otra vez o bien su discurso trasvasista o bien el que condiciona nuestro derecho a una reserva hídrica. Un discurso que incluso dentro de nuestra Comunidad tiene sus paladines, febriles siervos de su amo, clientelistas, agradecidos estómagos.
Debemos aderezar nuestras exigencias con el dulce peso de la lógica, pues otros lo hacen con el de la evidencia y los votos.
