Está hecho, no hay vuelta atrás, el Estatut toma visos de hacerse pronta realidad, y con él, lo que algunos tememos: España hará más profundo el pozo de la desigualdad entre las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas que la conforman.
Durante todos estos años de democracia, a nadie se le ha escapado a la observación que ésta no trajo la igualdad de todos para con todos. Siempre han existido ciudades, regiones, provincias, comarcas o como se les quiera denominar a ciertos territorios de diferente entidad administrativa, demarcativa o poblacional que han gozado de prebendas que a otros les estaban vetados.
Es lógico suponer que la desigualdad existe y existirá por siempre.
El problema no es en sí esa desigualdad, condición inherente a toda obra humana, el problema surge cuando la diferencia se convierte en un agravio comparativo consensuado y rubricado, producto de pactos políticos que devienen leyes, y cuando el Estado se ata a sí mismo las manos para impedirse actuar ante tamaña aberración.
El País Vasco y Navarra gozan, desde tiempo inmemorial, de privilegios consentidos por el resto de españoles, que ya los quisieran para sí. Por más que se diga y que se remita a fueros y a medievales leyes, es una flagrante injusticia, admitida sin pudor, que ha puesto en desventaja a comunidades limítrofes como pueden ser la riojana o la aragonesa.
Así pues, hemos partido, desde nuestros democráticos inicios, de una situación anómala, una posición de amplias tragaderas con determinadas regiones que no admitían asimilarse a las demás en términos de igualdad, sino estar por encima de ellas.
Desde ese punto de partida, no puede jamás construirse un Estado. Sin embargo, en aras de la estabilidad, de la paz, del ideal de construir una Nación, “los de siempre” han consentido, han cedido ante esas ínfulas de superioridad de algunos y han firmado con su propia mano su sentencia de muerte, condenándose a ser, de por vida, los paganos de esta Nación.
Durante años, los territorios ricos han ido recibiendo cada vez más del Estado, incluso han llegado a hacerlo de Europa. Han absorbido para sí inversiones millonarias en infraestructuras, en comunicaciones, en servicios, en industria, y hasta en mano de obra, huida de sus orígenes y a sus pujantes ciudades emigrada. La desigualdad estaba servida con premeditación y alevosía, y la brecha interregional se ha ido haciendo cada día más grande.
Desde el centralismo, lo único que se ha hecho ha sido proceder al reparto, más o menos adecuado, de ciertos ingresos estatales, en un intento de equilibrar esa balanza injusta. De poco ha servido, pero menos es nada.
Y ahora viene el Estatut, a poner la piedra de toque a esta terrible desigualdad.
Poco se ha dicho durante todo el debate del mismo qué es lo que Cataluña debería reintegrar al Estado como compensación a las inversiones hechas por éste en aquella. No, todo se reduce a determinar cuánto le va a quitar Cataluña al “fondo común”, porque claro, están en su derecho, son ellos los que más aportan, y bla, bla, bla…
Y dentro de poco, a Cataluña le seguirán Madrid, Baleares, la Comunidad Valenciana,… de modo que, aquellos que por su situación geoestratégica y su devenir, más han recibido, van a ser los que deseen romper la baraja de la solidaridad intraestatal, sin querer acordarse ni por asomo de su deuda para con los demás y, seamos serios, en el fondo, lo que poseen no es suyo, es patrimonio de todos los españoles.
Tal vez España no se esté desmembrando, como algunos auguran, pero lo que sí lo está haciendo es la legalidad establecida que aseguraba (o lo intentaba, al menos) a todos los españoles igualdad de oportunidades, igualdad de trato sanitario, igualdad de pensiones y de un sinfín largo de enumerar.
Sí, ya lo sé, sé que no es lo mismo ser policía nacional en Sevilla, que mosso d´esquadra en Barcelona: seguro que el mosso cobra muchísimo más. Tampoco es lo mismo ser profesor en Teruel que en Pamplona. Las desigualdades en el empleo, en la sanidad, y en otra serie de términos, existen ya, lamentablemente.
El problema dramático que se plantea ahora es que esa desigualdad no va a poder frenarla el Estado, y cada vez va a ir a más. En Cataluña y el País Vasco ya hay discriminación del castellanoparlante, algo que jamás debería de haberse permitido.
Si ahora ya no es lo mismo “ser catalán” que “ser extremeño” (y lo entrecomillo porque ¿qué es lo que hace a uno ser catalán?: ¿el hablar catalán?, ¿el vivir en Cataluña?, ¿el haber nacido allí?, ¿la sangre de sus antepasados?…), dentro de poco esto va a ser aun peor. Tiempo al tiempo.
El Estado ha arrojado la toalla, las regiones ricas ganan la batalla, las pobres se condenan para siempre. Tal vez sea eso lo que se busque, que las pobres terminen por claudicar y soliciten a las poderosas integrarse en su territorio… algún día.
Somos españoles antes que gallegos, aragoneses, extremeños, andaluces o catalanes, porque sólo la pertenencia a ese ente superior que es el Estado, la Nación española, puede asegurarnos un futuro común de igualdad y de solidaridad. O eso pensaba yo, pues hasta esa esperanza están echándola abajo…
(Publicado el jueves 26 de enero de 2006 en mi columna “Punto Crítico” de Diario Siglo XXI)
