El blog de Raúl Tristán

TVE1, TVE2, ANTENA 3, CANAL +, VEO TV, CUATRO, TELE 5 … y ahora LA SEXTA.

Al foráneo podría parecerle que nuestro país avanza en el camino de la libertad y la pluralidad ideológica de los mass media, es más, que ya disfruta de un elevado grado de democracia informativa. Podría incluso llegar a pensar que, dada la variada oferta de cadenas que se nos presenta, entre todas ellas podría llegar a cohabitar alguna que demostrara objetivamente un elevado grado de independencia respecto a los poderes económico-sociopolíticos que la sustentan. Pero como es lógico suponer, esto no sería sino una contradictio in terminis.

La idiosincrasia propia de todo medio de comunicación de masas, y que lo caracteriza como si de la marca al fuego de un hierro ganadero se tratara, es su fidelidad a una determinada línea de pensamiento en todos los ámbitos y formas de expresión social. Las cadenas se deben, hasta la muerte, a aquellos poderes oscuros que han sido responsables de su concepción, de su nacimiento y de su futuro crecimiento y expansión.

Cuando en este país sólo existían las cadenas estatales, mucho se hablaba de la imparcialidad que supuestamente debían de guardar ante el signo del gobierno de turno. Las acusaciones de manipulación informativa, de intoxicación, entre el partido en el poder y aquel que se encontraba en la oposición, eran frecuentes. De hecho, una de las primeras actuaciones que llevaba a cabo (y todavía ocurre así) el gobierno entrante, era la de proceder al cese de los directivos de RTVE y al nombramiento, acto y seguido, de gente de su confianza para esos cargos.

Con la llegada de las privadas, las aguas parecieron apaciguarse en el panorama televisivo. Al fin y al cabo, el gobierno podía actuar a través de una cadena de pago, la oposición podía contar con su propio medio de defensa audiovisual y las cadenas estatales tomar una ligera y falsa apariencia de neutralidad.

El tiempo ha ido desde entonces transcurriendo sin aparentes sobresaltos para los lobbys parapetados tras los inocentes nombres de las productoras audiovisuales. Eso hasta que en el mes de julio de este año se aprobó en Consejo de Ministros la emisión en abierto de Canal + bajo el nombre de CUATRO. La batalla por el dominio de las ondas comenzaba de nuevo, Polanco había osado penetrar en el sancta sanctorum.

La oposición hizo acopio y uso de protestas, recursos, amenazas que de nada han servido. La CUATRO camina ya, dando sus tambaleantes primeros pasos. Las miradas buscan leer tras las noticias light, escrutan los rostros y las expresiones de sus conocidos presentadores. Todo para poder exclamar: ¡Lo veis, ahí está el Gobierno!. Y la oposición sabe a ciencia cierta que tiene razón porque de haber estado en el otro lado del hemiciclo hubiera actuado de igual modo. El poder político no puede resistirse a controlar el arma suprema de las democracias: la información.

El problema viene cuando el partido en el gobierno lanza un ataque masivo en este terreno. La balanza corre el riesgo de desequilibrarse exageradamente, hasta el punto de que la oposición teme encontrarse a merced de la influencia mediática de un gran número de cadenas afines o pseudoafines a cierto partido político.

El caso es que en poco tiempo una nueva cadena ha saltado a la palestra, LA SEXTA, que se ha convertido en la reciente pesadilla del PP, cuando todavía no había despertado de la que le ha provocado la CUATRO.

El pasado día 24 se hicieron públicos los resultados del VI Informe de la Federación de Mujeres Progresistas, titulado “¿Es posible la esperanza?”, y que reúne un total de 60 sentencias benévolas relativas a casos de violencia de género publicadas en medios de comunicación entre julio de 2004 y noviembre de 2005.
De la lectura minuciosa del informe podemos afirmar que el calificativo “benévolas” es un eufemismo que se nos antoja denigrante para las víctimas : se citan 21 sentencias que tienen como resultado la absolución del acusado, en 18 hay una minimización del delito y en 17 se llega a la rebaja de la condena. Juzguen por ustedes mismos:

 se considera que el derecho laboral del maltratador está por encima de la imposición del alejamiento de su víctima
 tan sólo cinco años por atar a la cama a su desgraciada víctima y apalearla. Lo llaman “detención ilegal”.
 le rebajan dos años de condena por lo que consideran es una “reparación del daño” y que no es sino indemnizar con cierta cantidad a los herederos de una mujer estrangulada y descuartizada. Y digo yo, ¿desde cuándo puede considerarse que en ese caso hay reparación del daño, un daño que es de todo punto irreparable?.
 vergonzoso, humillante, de juzgado de guardia: rebajan la pena al agresor sexual que abusó de dos niñas de doce años por considerar que “no eran vulnerables”…
 un abogado, condenado por maltrato habitual, se dedica a defender a víctimas de violencia de género ¿¿¿???.
 patético: absuelven al acusado por exceso de folios y testigos y porque el presunto delito se limitaba al ámbito familiar…
Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto, podemos decir que caminamos hacia un futuro esperanzador. Sobre todo si analizamos el informe anterior, que daba cuenta de un total de 80 sentencias de las que 45 eran minimizadas (en general por considerar que no se da la categoría de delito sino simple falta; o se juzgan los hechos del momento y no se tienen en cuenta los años de malos tratos, palizas y amenazas continuadas; o se consideran a las diferentes víctimas del agresor como una sola y no se imponen penas aisladas por cada una de ellas); 23 rebajadas (por falta de intimidación, aunque se trate de niñas abusadas; o por falta de habitualidad, aunque se trate de malos tratos durante todo el matrimonio); y 11 absolutorias (basadas en que aunque hubo malos tratos habituales, cuando se produjeron el maltratador no convivía con la víctima; o por considerar que no hay malos tratos habituales ya que “solo la maltrataba en Navidad y en vacaciones”; o porque la mujer no daba la imagen de maltratada “y viste a la moda, con pulseras y llamativos pendientes”…).
Yo, por mi parte, creo que los jueces deberían de dejar de ser considerados como entes intocables, que se elevan por encima del bien y del mal, y cuyas decisiones y sentencias deben ser tenidas como palabra de Dios. Los jueces son humanos, y errare humanum est, que dice el adagio latino. Y si los que juzgan son humanos y pueden errar, deben de ser sacados de su error.
Digo más, mientras el errar sea involuntario es hasta cierto punto comprensible, pero cuando el error se comete a sabiendas, entonces deja de serlo para convertirse en el delito de prevaricación judicial del Artº. 446 del Código Penal, que exige que el juez o magistrado dictare “a sabiendas” sentencia o resolución injusta. Y ya se sabe, delito implica pena. Así pues, si se da este tipo de delito, que se de la pena correspondiente.
Que nadie quede por encima de la ley, ni siquiera aquellos que están acostumbrados a ser la ley.

Cuando Ariel Sharon llegó a erigirse como Primer Ministro del Estado de Israel, allá por febrero de 2001, muchas voces se alzaron, como un temeroso clamor, en los foros de debate político y social de todo el mundo.
El niño judío nacido en 1928 en una Palestina británica, era ya reconocido por haber dado paso a un líder sanguinario; un militar cruel bregado en la Guerra árabe-israelí de 1948-49, o en la de los Seis Días; un político cuya actividad parlamentaria, desempeñada desde 1977, dejaba amplio margen de maniobra para su sed y anhelo de conquista: la invasión del Líbano en 1982, que dejó fuera de juego a Menachem Begin, entonces primer ministro, y que supuso una de las más atroces matanzas de las que se tiene noticia en aquellas latitudes, la de Sabra y Chatila, donde cientos de palestinos fueron masacrados en sus campamentos de refugiados. Aquel “triunfo” táctico, no impidió que fuera destituido. Ante los ojos de mundo, el estado de Israel debía permanecer limpio de toda sospecha.

Sin embargo, y a pesar de sus condenadas “hazañas bélicas”, continuó ejerciendo una fuerte influencia sobre el gobierno, de modo que en los años noventa se le permitió centrar su ira vengadora en la construcción masiva de asentamientos judíos en Gaza y Cisjordania.
En el 98, el debilitado gobierno de Netanyahu le abrió las puertas hacia el Olimpo y fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. El general del que todos debían sentirse orgullosos, en palabras de algunos, volvía con renovados bríos. Le duraría poco la felicidad en el cargo, en el 99, con la caída del gobierno, se vio obligado a desterrarse en la oposición. Pero él sabía que éste no era su lugar por lo que, como líder del Partido Likud, algo así como la extrema derecha judía, inició una campaña de acoso y derribo contra Ehud Barak, alimentada por el fracaso de las conversaciones de Camp David entre éste y Bill Clinton. Jerusalén se convirtió en la punta de lanza de Sharon.
A todo ello, fue sumando sus continuos desafíos, como la irrespetuosa visita a la mezquita de Al-Aqsa, en septiembre de 2000, y que tuvo como resultado el comienzo de la segunda intifada.
Todo estaba calculado, Sharon sabía que el pueblo judío buscaba una mano de hierro, y sabía cómo demostrarles que él era esa mano. En febrero de 2001, alcanzaba su sueño: ser primer ministro, cargo para el que sería reelegido en enero de 2003.
Desde entonces hasta hoy, muchos encuentros y desavenencias han tenido lugar entre Israel y Palestina. El “halcón” que devoraba “palomas”, sobre todo la de la Paz, ha levantado gigantescos muros de hormigón por un lado, mientras que por el otro ha derribado asentamiento tras asentamiento a lo largo de Gaza y Cisjordania. ¿Debilidad?, ¿agotamiento, cansancio?, o, simplemente ¿cordura?.
El caso es que hoy, Sharon abandona el Likud. La facción más dura de su antiguo centro de poder está contra él. Se marcha y amenaza con fundar un nuevo partido, más moderado, de centro-derecha, más comedido en los ámbitos políticos, económicos y sociales, un partido que podría incluso llegar a pactar una gran coalición con sus antes opositores el Laborista, el Shinui y el Meretz-Yahad.
¿Estará el halcón jugando limpio, o esto no va a ser más que otra de sus batidas de caza?. Todo parece posible, salvo que la paz se haga de una vez por todas entre israelíes y palestinos.

En la General Motors, los sindicatos y la empresa acaban de llegar a un acuerdo, mediando Bandrés. Se retira el ERE, todos amigos y a por el Meriva.¿Será por casualidad que hoy está en Zaragoza Forster?.

Independientemente de que me alegre por la suerte de los trabajadores, lo que es innegable es que como siempre, una vez más, GM se lleva el gato al agua, después de apretarle las clavijas al Gobierno de Aragón: todos los aragoneses a poner de nuestro bolsillo para darle beneficios al gigante del automóvil.

¡CHANTAJE VIL Y MARRULLERO!.

Miércoles 23 de noviembre, 08:00 de la mañana en la super Estación de Zaragoza-Delicias. A más o menos 5ºC.
Por motivos de trabajo debía coger el AVE.
Un cierzo que se las pela, ola de frío polar, y un enorme espacio de miles de metros cúbicos vacíos, mortecinas luces y unas ridículas estufas de butano que salpican el desolador paisaje como si de setas en un bosque neblinoso se tratara.
No sabía dónde esconderme del frío, la cafetería tiene unos precios que no ganan ni a la de Atocha.
Ni un maldito escondrijo, ni una guarida de raposo. tan sólo cabe el recurso de encaramarse cual koala al palo de los champiñones-estufa. O seguir el camino dibujado en el suelo por las estrechas rejillas de una ridícula calefacción de aire.

Ridícula, esa es la palabra. Una estación ridícula. Y no hablo del diseño arquitectónico (¡magnífico!, ¿útil?). Tengo entendido que los planos del equipo de arquitectos preveían el tema de “la rasca” típica de esta tierra. hablo del listo que por ahorrarse cuatro duros nos ha condenado a todos a morirnos de frío en nuestro Ártico particular aragonés. Lamentable tarjeta de presentación para aquellos que llegan a nuestra ciudad en tren. Deben de pensar que somos medio imbéciles.
Pero no quiero cargar las tintas esta vez en el tema del usuario, no. Este comentario quiere reivindicar el derecho de los trabajadores que en ella trabajan a ser tratados como personas. Sentí rabia al verlos congelarse a pesar de guantes, anoraks y damart. Aguantar durante horas y horas ese frío que cala los huesos debería de ser un sufrimiento más allá de lo permisible.
Quiero expresar mi apoyo a todos los trabajadores de la estación, y me gustaría que lo que digo no cayera en saco roto. Esas personas están sufriendo un trato inhumano en su puesto de trabajo. Eso es explotación, eso es vejación, eso es una diaria tortura.
(No tengo palabras tan agradables para “el segurata” que con malos modos me advirtió que no podía hacer fotos. Pensaba sacar un primer plano de las estufas-seta, pero me lo impidió. Al decirle que no veía la señal de prohibido hacer fotos, y no sabía por qué no podía hacerlas, me dijo en tono chulesco y algo “borde”, sin dar explicación ni motivo, que si tenía algún problema que fuera a atención al cliente… Y es que maleducados los hay en todas partes. ¿O sería por el frío?.).

Que los partidos políticos tienen asignadas unas ciertas cuantías económicas provenientes del Estado, es asunto de sobra conocido. Basta consultar la Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (B.O.E. núm. 158, de 3 de julio), modificada parcialmente por la Ley orgánica 1/2003, de 10 de marzo.

Lo que ya no es tan notorio es que esa, tan sólo en apariencia, modesta “ayuda estatal” abarca un gran abanico de posibilidades: las subvenciones por gastos electorales, las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales y las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas Autonómicas, así como otras subvenciones estatales anuales. De este modo, el Estado otorga a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, subvenciones anuales no condicionadas, para atender sus gastos de funcionamiento ordinario. Igualmente, puede incluir una asignación anual para sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional. Estas subvenciones, se distribuyen en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones.
Todo ello es legal, puede ser moralmente admisible y hasta democráticamente aceptable. Opiniones al respecto, las hay múltiples y variadas.
Lo que ya no nos parece tan correcto es el hecho de que estas cantidades representen tan solo la punta del iceberg de la “economía hogareña” que en realidad manejan los tramoyistas financieros de cada partido. Por si algún lector todavía no se ha dado cuenta de adónde queremos ir a parar diremos que, nada más ni nada menos, a la financiación privada de esos grupos de intereses que damos en llamar “los representantes del pueblo”.
A este particular, la Ley nos dice que los recursos procedentes de la financiación privada pueden ser de los siguientes tipos: las cuotas y aportaciones de sus afiliados, los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de su propio patrimonio, los ingresos procedentes de otras aportaciones, los créditos que concierten, las herencias o legados que reciban y, en general, cualquier prestación en dinero o especie que obtengan.
Leído lo anterior de corrido, hasta el menos despierto deduce que la Ley otorga cierta manga ancha para que los partidos puedan llenar sus arcas de cualquier modo y manera. Todo ello fruto de que uno de los grandes errores de la Constitución del 78 fue considerar a los Partidos Políticos como entes cuasiintocables y dignos de veneración.
Si bien es verdad que la Ley se ha ido haciendo más restrictiva, poniendo numerosas trabas a la invisibilidad de todo este tipo de recursos procedentes de manos privadas, a nadie se le escapa que el camino por recorrer es muy largo y las zancadillas que se nos ponen enormes. Lo partidos pretenden mantener su hucha particular como si de una cuenta en un paraíso fiscal se tratara, una cuenta en la que particulares interesados y lobbies, puedan “pagar” por futuros servicios comprometidos o por los ya prestados.
Pues bien, el Gobierno pretende en estos momentos sacar adelante una reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, a pesar de contar con la oposición de CiU, PP y PNV.
Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué tienen estos tres partidos que ocultar a la ciudadanía?. Todos los sabemos, sólo es preciso que la fiscalía se decida algún día a actuar contra ellos, si es que la ley se lo permite. Y digo esto porque lo único que pretende la reforma propuesta es la transparencia en todo eso que hemos dado en llamar financiación a través de recursos privados. Por supuesto que eso significa acabar con los donativos anónimos y establecer un adecuado régimen sancionador.
El problema es que PP y PSOE se han enzarzado en una batalla particular, dado el feo asunto del que se trata y de que en este preciso instante todos tienen algo que esconder: el PP acusa al PSC de no saber cómo salir del embrollo deudor en el que anda metido y estos acusan a los otros y a la FAES de recibir donaciones de Endesa…
En fin, que para cuando en este país podamos tener meridianamente claro, con datos contrastados y objetivos, y no meras suposiciones, radiomacutos y chivatazos, quiénes, cuándo y dónde han financiado y financian qué y para quién, a ninguno de nosotros nos importará ya un carajo.
A pesar de todo, sigo considerando que la reforma debe llevarse a cabo, tarde o temprano, y que todos tenemos derecho a conocer los rostros de los, tras el decorado, manejan los hilos de las marionetas políticas.

Telediario, hace unos días:
Un individuo, dueño de un edificio, de pisos de 30 metros cuadrados escasos, los alquila a inmigrantes por 600 euros al mes.
Lo antros son inhabitables, repugnantes. Los inquilinos viven en unas condiciones míseras, de inhabitabilidad extrema.
Y encima son robados por un especulador.
Vergonzoso.
La gentuza que hay por el mundo.